Tendrán que informar de los indicios racionales que han permitido a los funcionarios llegar a la conclusión de que la persona ha participado en esos hechos delictivos. Estos indicios según el Tribunal Supremo “que han de ser tenidos en cuenta para la detención pueden obtenerse de criterios de ciencia, por ejemplo derivados de una prueba pericial que ascertain la realización y participación en un hecho delictivo, o a criterios de experiencia, lógicamente nacidos de la actividad diaria en la prevención y reprensión de hechos delictivos que proporcionan importantes datos experienciales sobre la delincuencia; y, también a criterios de lógica, a través de los que el agente policial puede deducir la existencia de indicios determinantes, en principio, de un hecho delictivo[xxiii]”.

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En la mayoría de los casos no es solo el uso de la sustancia lo que queda tipificado como delito sino las proporciones de su uso así como las cantidades que se posean de una misma sustancia. Dentro del listado en que quedan plasmados los estupefacientes se encuentran como las más comunes:

“Los funcionarios de la policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por  ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito”.  

ENT: Para finalizar, ¿cuál es tu esperanza para el futuro en relación con las leyes de drogas y tu papel como abogado?

El equipo IJESPOL quiere agradecer públicamente que haya querido compartir de manera altruista con todos nosotros su trabajo de investigación.

Entre estos derechos, el texto incluye el derecho de la persona investigada a ser informada de los hechos que se le atribuyen, con detalle suficiente para ejercer el derecho de forma efectiva. Además, en su apartado primero, letra b) refleja el “Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración”. Se ha transpuesto literalmente el artículo seven.3 de la Directiva 2012/thirteen/UE.

Se ha reforzado el respeto de los derechos constitucionales, imponiendo a los funcionarios policiales un especial deber de  protegerlos, tanto en el momento de practicar la detención como en el momento de trasladar al detenido. Si bien, obviamente, la protección de dichos derechos no podrá impedir a los medios de comunicación efectuar su trabajo.

Si una persona es extraditada y luego es absuelta en click here su país de origen, no podrá ser extraditada nuevamente por el mismo delito.

Además es el tercer abogado ejecutado de diciembre a la fecha en León. Este nuevo crimen ocurrió alrededor de las seven:16 de la mañana de ayer en el cruce de los bulevares José María Morelos e Insurgentes a unos metros de la glorieta de La Antorcha, rumbo a la salida a Lagos de Moreno.

- CANNABIS: Dentro de esta se incluyen las sumidades con flores o frutos de esta planta a excepción de sus semillas u hojas no unidas a estas sumidades, mientras de estas no se halla addedído la resina de las mismas para su uso. Dentro de esta clasificación se halla el hachís, aceite de hachís y marihuana, website como las más usuales y conocidas por su uso y venta.

A diferencia de Helhue Sukni, el estilo de Carlos Quezada está definido por la sobriedad. Como está fuera de tribunales, viste chaqueta de mezclilla y canguro con capucha. Su privado del centro de Santiago es pequeño y está decorado con fotos familiares y un pergamino de Salvador Allende. Las apariencias podrían llevar a pensar que es de los que cobran entre dos y cuatro millones por juicio oral. La realidad indica que es uno de los litigantes más cotizados por clientes en condiciones de desembolsar fuertes sumas de dinero. Quezada ha participado de causas célebres. Defendió al ingeniero Ricardo Jiménez y a su pareja en un juicio por producción y supuesto tráfico de mezcalina que era usada con fines terapéuticos.

d. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.